Jimena de la Torre y la designación de fiscales: "Inventan un sistema para que los amigos que no aprobaron sean metidos por la ventana"

Jimena de la Torre, integrante del Consejo de la Magistratura que no solo tiene a cargo la designación de los jueces, sino también el juzgamiento de los mismos entre otras funciones, se refirió a la realidad que vive el actual sistema judicial argentino y en particular lo que pasa en la provincia. En su paso por San Luis mantuvo una reunión con abogados, entre otras actividades.

Durante su visita este fin de semana brindó una entrevista a El Chorrillero, y ahondó sobre los principales desafíos de la ciudadanía para fortalecer el sistema republicano en medio de la “embestida” a la Justicia tanto del Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, como de la administración de Alberto Rodríguez Saá.

El pasado 5 de abril, de la Torre fue elegida como representante de los abogados del interior del país. Fue impulsada por Juntos por el Cambio y en San Luis se impuso ampliamente. Es reconocida por su trabajo Comité de Control Electoral de Juntos por el Cambio y como presidenta de la Asociación Bases Republicanas. En el Gobierno de Cambiemos fue funcionaria en la AFIP.

Junto al presidente de la Asamblea de Avanzar, Ricardo Endeiza presentaron en el último proceso electoral que desembocó en la derrota del kirchnerismo de San Luis, una medida cautelar para frenar el “Plan Platita” de Alberto Rodríguez Saá.

En su paso por San Luis, mantuvo una reunión con unos 35 abogados de San Luis y Villa Mercedes. Será candidata en las elecciones del 18 de octubre y viene de mantener reuniones en San Juan y en Mendoza.

A lo largo de la nota explicó cómo el poder, sobre todo de aquellos gobernantes que hace años lo ejercen, buscan permanentemente colonizar los tribunales.

“La obsesión de los gobernadores de los ejecutivos, tanto nacional como provinciales sobre la Justicia, está clara y es cooptarla”, subrayó.

A su vez se detuvo en el panorama local con el intento de designación del vicegobernador, Eduardo Mones Ruiz en el Superior Tribunal y la asunción de fiscales y defensores sin rendir exámenes.

-Cómo está viendo este avance hacia la Justicia, hacia la Corte Suprema, sobre todo por parte de la vicepresidenta Cristina Kirchner. La UIF, por ejemplo, decidió no acusarla ¿Cómo lo analiza? 

Es todo parte de un mismo entramado. Lo que vemos, y un poco es la razón de la existencia de la agrupación que decidimos fundar en 2019, es que este era un Gobierno que sabíamos que iba a venir por la impunidad de la vicepresidenta. Por ejemplo, las causas que había en su contra. Esta semana uno logra ver que el peso de las pruebas es contundente y esto hace que ellos necesitaran cooptar a la Justicia para lograr la impunidad de la vicepresidenta.

Pero no solo es la búsqueda de impunidad cuando uno pretende cooptar la Justicia, lo hemos visto en otros sistemas autocráticos populistas en Latinoamérica donde lo que se busca es la suma del poder en el Ejecutivo, en el poder real, dinamitando el sistema republicano de frenos y contrapesos que debe existir y de controles cruzados entre los tres poderes del Estado. Ese control que debe ejercer el Poder Judicial sobre la política, ese control de constitucionalidad, de legalidad que es lo que le pone un freno al poder para evitar abuso del poder en el Ejecutivo, se torna virtual cuando uno coopta la Justicia.

Desde la primera apertura de sesiones del presidente Alberto Fernández y en las tres aperturas en el Congreso lo escuchamos siempre hablando de reformas judiciales.

Han intentado una reforma judicial amplia respecto a los jueces federales del país, eso se frustró.

Luego fueron por el ministerio Público Fiscal. Si se hubiera logrado la modificación esta semana no hubiéramos visto a los fiscales (Diego) Luciani y (Sergio) Mola avanzar y hacer algo que nos parece sorprendente pero que debiera ser algo normal que es hacer su trabajo y con libertad, a pesar de las presiones que han pretendido ejercer sobre ellos.

Luego, a partir del fallo de la Corte que declara inconstitucional ese viejo Consejo de la Magistratura de 13 miembros, por entender que la política de turno prevalecía sobre los estamentos técnicos, los abogados, jueces y académico. Ahí buscan nuevamente un nuevo proyecto de ley, una nueva estructura del Consejo, siempre con ese mismo desequilibrio que lo tornó inconstitucional donde pretenden retener el poder político en un órgano que tiene que ser ajeno a la política porque necesita ser tan independiente como los jueces que terminan designando ese Consejo.

Y finalmente tenemos el proyecto de ampliar la Corte Suprema a 25 miembros. Un proyecto que, con la excusa de la federalización de la Justicia, lo que busca en realidad es lograr que los gobernadores de todo el país tengan a su representante de la Corte generando una especie de Senado de la Nación en el Poder Judicial, porque los gobernadores tienen a sus representantes y el federalismo se expresa a través del Senado.

Las leyes nacionales y la Constitución Nacional se aplican para todo el país y debe aplicarse de la misma manera en igualdad ante la ley, eso significa que la ley debe aplicarse de la misma manera a sobre el santacruceño, sobre el jujeño, sobre el correntino, el puntano, etc. No tenemos necesidad de federalizar porque la ley es una.

Con esa excusa del federalismo es un intento más de controlar al Poder Judicial, a la Corte Suprema que es el órgano máximo. Además, es un proyecto de ley incompleto porque si bien dice que quieren aumentar los miembros, no nos dice cómo va a trabajar esa Corte.

-Es muy escueto el proyecto …

Claro, es incompleto porque lo deja supeditado a otra ley que defina cómo va a trabajar esa Corte, entonces la verdad es que estamos votando una ley en blanco.

Vamos a sumar 25 miembros a la corte y no sabemos bien qué van a hacer.

La verdad es desprolijo, irregular y triste porque en el medio estamos los argentinos y en una de las crisis más grandes que se vivieron en los últimos años, preocupados para llegar a fin de mes, que aun teniendo un trabajo en blanco muchas veces todavía no garantiza que estemos por debajo de la línea de indigencia.

Acá hay situaciones gravísimas y pareciera que el Gobierno mira otra película.

Por otro lado, también se mezcla con lo económico. No dejemos de pensar en lo que acabo de relatar, todos los avances nos dejan muy mal plantados a nivel internacional.

Hoy estamos evaluando si (Sergio) Massa tiene la credibilidad suficiente o no para estabilizar las variables económicas y lograr, aunque sea sostenernos un poco más en el tiempo sin explotar económicamente.

Esa credibilidad sobre Massa también hay que mirar la Justicia, porque si no tenemos una Justicia creíble, no hay estabilidad en el sistema judicial, no podemos brindar seguridad jurídica y tampoco vamos a tener esa credibilidad que necesitamos para lograr la mirada internacional que atraiga las inversiones genuinas que necesitamos en el país.

-Me detengo en la propuesta de los gobernadores para elevar los miembros de la Corte. Se da la característica que son todos kirchneristas o aliados ¿Es una obsesión cooptar Justicia? ¿Se puede dar ese escenario?

No creo que puedan cooptar a la Justicia como ellos quieren, se demostró en estos dos años y medio.

Cuando intentaron la reforma judicial les quedó trunca y perdió estado parlamentario en Diputados, a pesar de la media sanción en el Senado.

Cuando intentaron la reforma del ministerio Público Fiscal les pasó lo mismo.

Está frenado el proyecto de la reforma del Consejo de la Magistratura y creo que pasará lo mismo que el proyecto de la Corte Suprema. No creo que avance en el Congreso. Pero en el caso de que suceda, en el Congreso es el mismo Poder Judicial el último resorte para ejercer un control de constitucionalidad sobre ese proyecto y es el último límite.

Recordemos el proyecto de democratización de la Justicia que se intentó en algún momento que finalmente quedó trunco porque se lo declaró inconstitucional.

La obsesión de los gobernadores, de los Ejecutivos tanto nacional como provinciales sobre la Justicia, está claro y es cooptarla. Tiene que ver con esto, lo vemos acá mismo en San Luis.

Ahora estamos viendo cómo vienen designando fiscales que no son idóneos, que cuando hicieron las pruebas de oposición no las aprobaron, entonces inventan un sistema de fiscales provisorios para aquellos que no aprobaron, como son los amigos los meto igual por la ventana.

Lo mismo el lunes vimos cómo juraron acá en San Luis varias defensoras oficiales que no tienen la idoneidad suficiente, que lo único que van a lograr es que aquellos que menos tienen estén más desprotegidos frente a los abusos de poder, porque el que tiene para pagar un abogado va a estar bien defendido, pero el que menos tiene va a recurrir a un defensor oficial.

A esa persona la volvés a dejar indefensa frente al poder.

Ese tipo de cuestiones, de reformas, son las que tenemos que resistir como sociedad. Si no tenemos una Justicia, tanto a nivel nacional como nivel provincial, realmente independiente no hay forma de controlar el poder.

Por eso la obsesión de los gobernadores de tener siempre Superiores Tribunales o cortes provinciales adeptas, y uno se cansa de verlo a medida que va recorriendo el país. Lo vemos en todo el país, uno se encuentra con que los miembros de las cortes suelen ser ex funcionarios de gobiernos.

¿Entonces de qué estamos hablando?

Las buenas prácticas internacionales, esto no es algo que sucede en Argentina, cuando uno va y se informa, la obsesión por lograr una Justicia realmente independiente es a nivel mundial, hay organismos que se dedican a estudiar y generan protocolos de buenas prácticas.

Permanentemente hablan de cómo deben ser los procesos para elegir realmente representantes independientes y, además, imparciales.

Cuando se habla de imparcialidad de un juez es porque nadie está ajeno a algo con lo que uno nace: inmerso en una sociedad, con ciertas creencias, valores morales, éticos, incluso con contenido ideológico y hasta político, no podemos creer que lo hombres somos ajenos a todo eso, ni siquiera los jueces. Ahora, a esos jueces hay código de ética internacionales que le establecen que tiene que despojarse de esa ideología y contenido para aplicar con objetividad la Constitución y la ley, de eso se trata la imparcialidad y eso es lo que no vemos.

-Pero al final, en los papeles, estos procesos quedan en la ficción…

Claro que sí. Supongamos que uno puede aceptar que un ex funcionario sea designado juez de Corte Provincial, eso no sería tan grave porque si esa persona demostró tener la idoneidad suficiente, trayectoria y anecdóticamente fue funcionario, bueno tal vez esa cercanía con la política se podría soslayar si viera que ese miembro de esa Corte obra con imparcialidad y, cuando dictan sentencias, dicta sentencias imparciales, corriéndose de la ideología o influencia política.

Lo que pasa es lo que no sucede en la práctica y me preocupa de sobremanera cómo vemos incluso las manifestaciones públicas. El juez, y esto no lo digo yo lo dicen los códigos de ética internacionales, debe ser y parecer. El juez no habla a través de sus tendencias, todo su obrar, como es un funcionario público, debe ser coherente con esa imparcialidad.

Cuando ciertos jueces hacen manifestaciones en los medios en apoyo a ciertos gobernadores, presidentes o políticos, o salen con críticas muy fuertes al Legislativo o al Ejecutivo tanto a favor o en contra, cuándo se manifiestan abiertamente tanto en medios como en redes, incluso siendo agresivos, es altamente reprochable porque viola todos los códigos éticos de materia internacional que tenemos.

-La vicepresidenta realiza constantes manifestaciones públicas y críticas, ataca a la Justicia ¿Cómo lo toman desde el Consejo de la Magistratura?

Hay dos planos: por un lado, tenés cómo debería ser la conducta de los jueces, ser y parecer imparciales.

Y por el otro los políticos, donde incluyo a Cristina, por supuesto que tienen total libertad de obrar y decir y opinar con apertura, ahora cuando esas opiniones interfieren con la real independencia que debe tener el Poder Judicial ahí tenemos un límite.

Cristina Fernández puede, en su rol de vicepresidente y presidente del Senado, debe ejercer ese puesto con total amplitud de criterio, con la máxima libertad de expresión.

El límite a ese rol es la injerencia a la independencia del Poder Judicial. Las agresiones, amenazas, insultos y críticas deberían ser reprochables. Ahora ese reproche tiene que venir de la ciudadanía, no es el Consejo que tiene facultades para sancionar a una senadora, a una vicepresidenta.

En cambio, si un juez se manifiesta en violación de reglamentos éticos y conducta que le caben ahí sí el Consejo puede obrar.

-¿Cómo has analizado lo sucedido a nivel local, por ejemplo, el intento de designación del vicegobernador, Eduardo Mones Ruiz a la Corte provincial?

Celebro que el vicegobernador se haya bajado de esa pretensión porque hubiera sido un escándalo.

Uno lo ve más gráfico cuando lo lleva a otro nivel: qué hubiera pasado si Alberto Fernández la hubiera designado a Cristina Kirchner en reemplazo de (Elena) Highton de Nolasco en la Corte. Eso hubiera sido un escándalo.

No por haber sido funcionarios deberían quedar deslegitimados para ejercer un rol en la Justicia, pero sí creo que los miembros de cualquier Corte deben demostrar primero una idoneidad absoluta. En segundo lugar, deben demostrar que van a obrar con la independencia e imparcialidad que le exige este tipo de roles.

Cuando un vicegobernador en ejercicio pretende ser designado en el Tribunal Superior, es cuanto menos escandaloso.

-En las elecciones anteriores se hizo un control y seguimiento del clientelismo. ¿Cómo fue trabajarlo en los comicios del 2021?

Integro una agrupación que fundamos en 2019 que es Abogados en Acción y también hasta que asumí en la Magistratura presidí una asociación civil que es Bases Republicanas. El fin de ambos es defender los valores republicanos, las instituciones, nuestra Constitución Nacional, la independencia de poderes y trabajar el fortalecimiento institucional.

Para eso hay que luchar contra la corrupción.

En ese rol cuando en 2021 vimos que se venía el “plan platita”, con Bases Republicanas y la agrupación de abogados que integro, dijimos “tenemos que trabajar para garantizar que las elecciones no sean manipuladas”.

Las maniobras de clientelismo político manipulan al electorado y se aprovechan de las condiciones de vulnerabilidad en muchos sectores.

Entendimos que debíamos estar muy atentos a esas maniobras.

En San Luis puntualmente vimos que debíamos actuar rápidamente. Presentamos una cautelar que nos fue muy bien y, para pesar de Rodríguez Saá, no se pudo manipular la elección.

¿El resultado? Que perdieron las elecciones, creo que la acción ciudadana con este tipo de agrupaciones y asociaciones civiles es fundamental.

Los ciudadanos debemos involucrarnos mucho más y empezar desde la sociedad civil a ponerles un freno a la política porque estamos inmersos en gobiernos con instituciones muy débiles que tienen esa característica a propósito.

Cuando los ciudadanos nos involucramos y accionamos podemos ponerle un freno a ese poder y suplir las instituciones débiles.

-En gobiernos como el de San Luis o Formosa, donde hay muchos años de poder construido, ¿se puede trabajar en el fortalecimiento republicano? ¿cuáles son las herramientas?

Cuando los ciudadanos nos juntamos somos mucho más fuertes. Los aislados podemos hacer poco, pero cuando nos juntamos tenemos una fuerza que es más difícil que se rompa.

Y desde la sociedad civil se pueden impulsar distintos mecanismos para fortalecer las instituciones.

Desde Abogados en Acción trabajamos muy fuerte con la designación de las autoridades en la Agencia de Acceso de la Información Pública, por ejemplo. Ahí veíamos que si ponían a una persona frente a esa agencia que no era idónea para el cargo, esa ley tan buena para la ciudadanía que nos permite controlar al poder, todo el sistema iba a caer.

Así, logramos frenar la designación de una persona amiga del poder.

Después, en esa construcción, nos dimos cuenta que debíamos meternos dentro de las instituciones. Abogados en Acción sigue, Bases Republicanas sigue, seguimos dando la misma pelea, pero hoy estoy dentro de la Magistratura.

Hoy desde adentro de una institución tan estratégica defendemos esos valores.

Creo que cuanto más participación ciudadana hay, más difícil es para el poder obrar con impunidad.

Aún en minoría pienso en el Consejo de la Magistratura de San Luis. Tiene tres representantes de la abogacía que deben ser designados a través de las elecciones directas. Muchachos, juntémonos, ¿quiénes son esas personas que van a ingresar a la Magistratura provincial? Aun siendo minoría desde adentro uno puede ser una voz hasta para denunciar irregularidades dentro del Consejo, es fundamental que nos comprometamos como sociedad.

En los lugares donde la sociedad no ocupa espacios, los ocupa el poder, los ocupan otros que tal vez no tengan como objetivo fortalecer las instituciones sino minarlas y debilitarlas.